Esta semana hubo tres hechos muy importantes y relacionados. El golpe de Estado en Guinea, la Decisión de la Corte Suprema de El Salvador y el efecto de la decisión de la Corte Interamericana (relacionada sin decirlo a Bolivia y Nicaragua). Estos hechos tienen un antecedente común: reelecciones inmediatas y/o indefinidas, contrarías a las constituciones vigentes.

Por Arturo Cabrera Hidalgo*

Hace más de 100 años, el destacado político demócrata estadounidense Alfred Emanuel Smith afirmó que todos los males de la democracia pueden curarse con más democracia. Es decir, con un mayor respeto a la democracia y a las condiciones que ésta exige para el bien común. Entre éstas, como luego lo han defendido Nelson Mandela y tantos otros demócratas alrededor del mundo, la democracia exige respetar los derechos de las minorías que no están en el poder, los derechos políticos de los pueblos y, en definitiva, los derechos humanos y su permanente desarrollo.

Esta semana comenzó con la condena de la comunidad internacional al golpe de estado perpetrado en Guinea y la detención del Presidente Alpha Condé, de 83 años, en la ciudad capital de Conakry. El líder de la revuelta, Coronel Mamady Doumbouya, informó el pasado domingo 5 de septiembre que las fuerzas armadas de ese país decidieron “disolver la Constitución y el Gobierno”. El antecedente, que no justifica las acciones militares, es la reelección para un tercer mandato del Presidente Condé en octubre del año pasado, empañada porque no habría estado permitida por la Constitución vigente, y por las supuestas maniobras que el candidato presidente, en el poder desde el año 2010, habría podido realizar desde su posición privilegiada para poder ser reelecto.

Casi de manera paralela, hace pocos días en nuestro continente, mediante un fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, se dio paso a la reelección inmediata en ese país. El fallo interpreta el artículo 152 de la Carta Magna, que prohíbe la reelección inmediata, estableciendo la posibilidad de que el jefe de Estado deje su cargo 6 meses antes de que comience un nuevo período presidencial, lo encargue al vicepresidente y pueda ser candidato. El argumento, que no es nuevo en el hemisferio, sostiene que el artículo de marras “imposibilita al electorado a reelegir la opción política que más le convenga”, y que “el pueblo tendrá entre su gama de opciones a la persona que a (sic) ese momento ejerce la Presidencia”.

Un argumento similar se esgrimió en 2019, en relación con la reelección de Evo Morales en Bolivia. Según la interpretación del Diario El País de España, para lograr que Morales se habilitara, pese a que la Constitución lo prohibía, su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), logró una sentencia del Tribunal Constitucional boliviano, según la cual las reelecciones podían sucederse indefinidamente, porque ese era un “derecho humano”. Para ello, el Tribunal se basó en su propia interpretación de la Convención Americana o Pacto de San José. La cual en agosto pasado ha sido refutada por la Corte Interamericana, que es la única encargada de dirimir las controversias sobre esta Convención.

En Nicaragua, en enero de 2014, la Asamblea Nacional de ese país aprobó una reforma que permitía desde entonces la reelección presidencial inmediata, pero además indefinida. El antecedente fue también un controversial fallo de la Corte Suprema de Justicia, que al interpretar en este caso el artículo 147 de la Constitución nicaragüense le permitió al Presidente Daniel Ortega presentarse como candidato en 2011. La reforma de 2014 hizo posible una nueva reelección en 2016 y, por lo tanto, le permitiría un cuarto mandato -el tercero consecutivo- en los comicios del próximo mes de noviembre, a los que se presentaría sin una oposición significativa, tras la reciente ola de detenciones de figuras de la disidencia y pre-candidatos con potencial para ganar las elecciones. Le permitiría, de hecho, optar por el poder de manera indefinida.

En el marco de los casos boliviano y nicaragüense, a los que entonces se sumaba Honduras, el tema fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, máximo órgano del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, donde ingresó en el complejo debate de los derechos humanos, y cuáles realmente son afectados en el caso de permitirse o prohibirse una reelección inmediata e indefinida.

En la parte pertinente, la Corte ha considerado que más de dos mandatos (reelección inmediata) es la línea que no se debería cruzar. En su opinión consultiva No. 28/21, emitida el 13 de agosto pasado, que fuera solicitada por el presidente de Colombia Iván Duque, en octubre de 2019, la Corte concluyó que “la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano autónomo, pues no cuenta con reconocimiento normativo en la Convención ni en la Declaración Americana». Asimismo, que «la falta de limitaciones a la reelección presidencial conlleva el debilitamiento de los partidos y movimientos políticos que integran la oposición, al no tener una expectativa clara sobre su posibilidad de acceder al ejercicio del poder».

Quizá la consideración más contundente de la Corte, destacada por Human Rights Watch y otras organizaciones defensoras de los derechos humanos es que «el mayor peligro actual para las democracias de la región no es un rompimiento abrupto del orden constitucional, sino una erosión paulatina de las salvaguardas democráticas que pueden conducir a un régimen autoritario, incluso si este es electo mediante comicios populares».

En el mismo mes de octubre de 2019, en que Colombia solicitó la opinión consultiva de la Corte, me encontraba en Managua, invitado por la Universidad Central de Nicaragua para dictar una conferencia sobre Multilateralismo y Migración. Mayor coincidencia constituyó que dos días después, al regresar a Managua desde Belice, me encontrara con manifestaciones de estudiantes que se oponían a la continuación del Gobierno del Presidente Ortega (más aún a una permanencia indefinida) y pedían la liberación de quienes consideraban presos políticos. El escenario era de cientos de estudiantes encerrados dentro de los predios de las universidades, principalmente la Universidad Centroamericana (UCA) de Managua, de donde no podían salir a marchar por las calles como tenían previsto, por la masiva presencia de agentes antidisturbios que cercaron, pero no ingresaron a las universidades. Pregunté al taxista por qué la mayoría de estudiantes llevaban máscaras. Me respondió: el temor a la represión de un gobierno que no tiene fin es igual al de pararse en el borde del cráter del Masaya. Se refería al extraordinario volcán ubicado en las afueras de Managua, con un cráter activo de 500 metros de diámetro de lava rugiente, que no tiene visos de dejar de arder por muchos años más… de manera indefinida.

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*Diplomático y académico ecuatoriano, máster en Gobierno y Administración Publica por la Universidad de Harvard y PhD en Seguridad e Inteligencia por la Universidad de Leiden. Los criterios emitidos en este artículo pertenecen únicamente al autor y no necesariamente reflejan los del Servicio Exterior o el Gobierno ecuatoriano.

**Fotografía del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.