Tuve que resignarme a la atención médica privada luego de que las puertas de la salud pública, a la que tenía derecho, no se me abrieron en el momento en que mi vida se había puesto en riesgo por una grave enfermedad.

Por Rubén Darío Buitrón

Era absurdo pedirle a la muerte que tuviera paciencia conmigo. Sabía que, cuando se acercara, solo una atención médica oportuna podría enfrentarla.

Nunca había pasado por algo tan grave como lo que me ocurrió el 2020, en el inicio de la pandemia mundial. Desconocía la telaraña burocrática de la salud pública.

Durante más de 30 años había aportado al Seguro Social cada mes, sin fallar. Sin fallar, incluso, porque los descuentos son automáticos y obligados. No hay forma de eludir ese pago en caso de que algún afiliado intentara evadirlo.

Pero, hasta entonces, no lo había necesitado. Quizás por arrogancia o incapacidad de valorar las cosas, siempre opté por la atención médica privada. Tenía el dinero suficiente para hacerlo. Y había oído tantas historias sórdidas sobre los hospitales del Seguro y los estatales que no se me habría ocurrido buscar atención allí.

Lo hice una vez, hace mucho tiempo, cuando sufrí una inexplicable caída desde el piso 3 al 2 en una fiesta donde los excesos fueron de todo tipo. Caí, no sé si por un empujón irracional o por mi torpeza. Me rompí la clavícula y tuve una fisura en la corteza cerebral.

Un primo médico me recomendó para que me atendiesen en el área de Neurología del hospital del IESS, saltándome los pasos que hay que cumplir. El área estaba en el tercer piso, donde también funcionaba el departamento psiquiátrico en el que se alojaban los enfermos mentales y pacientes con suicidios frustrados.

Fue una experiencia de sombras y brumas. Me aterró el futuro de canción triste que podría significar mi lesión cerebral y el temor de que me encerraran allí por días o semanas.

No volví. Opté por tratamientos privados. Casi un año después me recuperé. La fisura se me había cerrado y la clavícula funcionaba con normalidad.

Mucho tiempo después empecé a sentir síntomas desconocidos en mi vientre. No les presté atención y los menosprecié. Y solo cuando eran irreversibles acudí a un especialista privado que cuando pronunció “biopsa” me enterró una daga en lo que creía era una salud joven e invencible.

La siguiente palabra fue “cáncer”. Y, la siguiente frase fue “tres meses de vida, a menos que…”.

Aquel “a menos que…” significaba cirugía urgente. El cáncer estaba encapsulado, pero la burbuja podía estallar en cualquier momento y regarse por el resto del cuerpo. Vendría la metástasis. Y el fin de mi vida.

Por distintas circunstancias, mi economía estaba frágil. Y el costo de la cirugía en una clínica privada sería de unos miles de dólares.

Cuando miré la posibilidad del Seguro Social, la respuesta fue un dolor rotundo: había espacio luego de ocho meses. Imposible antes de los tres que me quedaban. En otras palabras, se me negaba el derecho a la operación.

No había otro camino: reuní mis ahorros y vendí mi auto y fui a una clínica privada. , Para colmo, en pocos meses estaba de nuevo en la misma sala de operaciones porque algo me habían hecho mal. Tuve que pedir un préstamo bancario.

Tres años y medio después, estoy vivo. Sin rezagos de cáncer. Pero aún sigo pagando el préstamo y no logro equilibrar mis finanzas. ¿De qué ha servido aportar al IESS más de 30 años? ¿Por qué no tengo acceso a la atención médica que me corresponde?

No fue posible pedir paciencia a la muerte. Porque el Seguro Social, sin compasión alguna, pudo matarme en la espera de una cama.