A confesión de parte, relevo de prueba.

Es una máxima a la que apelan los jueces para desestimar las pruebas cuando el sindicado ha reconocido su culpabilidad.

Declararse culpable es más real que la acusación particular.

La asambleísta Gabriela Rivadeneira, dirigente del correísmo, pidió protección en la embajada de México, en Quito, sin que haya un proceso en su contra o una denuncia que la inculpe en lo que el Gobierno ha calificado como intento de golpe de Estado.

¿Por qué se refugió allí? Una tesis deambula  por los corrillos del Gobierno: Rivadeneira, Paola Pavón (Prefecta de Pichincha) y Virgilio Hernández (exasambleísta) son los artífices de la revuelta en Quito y en otras ciudades del país.

De hecho, el presidente Lenín Moreno no ha vacilado en denunciar públicamente que los tres se reunieron semanas atrás en Barquisimeto con el exmandatario Rafael Correa y Nicolás Maduro, el chavista presidente de Venezuela, para armar el plan desestabilizador.

El Gobierno ha sostenido esa tesis sin pruebas, pero Rivadeneira se olvidó que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

Con su decisión de ir a la Embajada de México acentuó las dudas de su participación tras bambalinas en el sui géneris paro nacional, que ha tenido matices delictivos.

De no ser así,  ¿por qué busca protección en territorio extranjero? La asambleísta cometió una desesperada bobería que podría ser tomada por sus detractores como una forma de delatarse.

Y lo hace justo el día en que quedó al descubierto que oscuros intereses políticos estaban mancillando la movilización indígena.

Hubo ataques a medios de comunicación, asalto a la Contraloría donde encapuchados provocaron un incendio que afectó a la estructura del edificio, destruyó muebles y equipos y, sobre todo, el Gobierno cree que se quería hacer cenizas documentos de trascendentes procesos en los que están involucrados Rafael Correa y altos funcionarios de su mandato de diez años.

Se podría pensar, inclusive, que el gobierno de Lenín Moreno infiltró en la manifestación indígena grupos que tenían la clara disposición de generar caos, para sostener su tesis de que había un plan desestabilizador correísta y justificar la militarización de Quito y la radicalización del toque de queda.

O cómo se explica que el Ejército garantizó la seguridad y vigilancia en edificios públicos estratégicos, como la Contraloría, y en el momento del asalto los militares no estaban allí.

Gabriela Rivadeneira cayó en la telaraña de elucubraciones que todavía no tienen asidero, por falta de pruebas.

De existir información que aún no se hace pública, podría provenir de las declaraciones de uno de los 30 detenidos en el asalto a la Contraloría, que pudieron haber inculpado a la asambleísta.

Entonces, los correístas incrustados en el Gobierno de Moreno pudieron haber advertido a Rivadeneira que ya estaban tras la pista de su participación en la revuelta. Solo así se puede explicar su decisión. Soplones en el círculo cercano a Lenín Moreno.

El que nada debe nada teme. Y todos tenemos derecho a un debido proceso.

La presunción de inocencia es inviolable, pero en este caso, Rivadeneira renunció a esa garantía jurídica. Y lo hizo sin piedad.

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*Diego Montenegro Andrade, ibarreño, es periodista y catedrático universitario. Es miembro de la sala de redacción de loscronistas.net