Por Rubén Darío Buitrón* 

El gigantesco edificio donde funciona la Corte Nacional de Justicia fue sede del antiguamente poderoso Filanbanco, de los hermanos Isaías, prófugos que viven en Miami. Este edificio está en Quito, en la avenida de Los Shirys, y fue uno de los lugares donde se fraguó la crisis de 1999, el feriado bancario y la dolarización.                                 

Pablo Cisneros, de 29 años y uno de los 338 empleados de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), no cree en asuntos sobrenaturales.

Pero a él y a sus colegas les cuesta creer que no fue verdad lo que un día ocurrió.

Su jefa, Paulina Puga, le había pedido que recogiera, de piso en piso y oficina en oficina, datos básicos para mejorar el ambiente laboral: fecha de nacimiento, profesión, cargo, departamento donde trabaja…

La idea de la asesora de comunicación del presidente de la Corte era publicar esos datos para que los conociera todo el personal y cada área celebrara, a su modo, el cumpleaños de los compañeros y las compañeras.

Pocos días después, a Pablo le sorprendió una llamada. Al escuchar lo que le decían, palideció.

Del otro lado de la línea, una compañera le reclamaba por la supuesta broma pesada que Pablo había hecho: publicar el nombre y felicitarlo por su cumpleaños a un compañero que había muerto dos años atrás.

Pero él todavía jura que esa persona, a la que luego vio en fotografías junto a sus antiguos colegas, fue la que le dio sus datos particulares.

Y hasta ahora no se explica cómo sucedió si, en verdad, aquel funcionario había fallecido mucho antes de que Pablo ingresara a trabajar en la CNJ.

Algunos de sus compañeros aseguran haber visto gatos negros muertos, colgados de una pared de la biblioteca.

Otros afirman haber escuchado pasos sin que ninguna persona aparezca.

Otros aseguran haber visto cómo, sin que nadie las accionara, que en la noche se encienden y apagan las luces de los pisos más altos.

La explicación que se dan a ellos mismos, para atenuar sus miedos, es sencilla: en ese mismo edificio funcionó la sede regional del que fue el poderoso Filanbanco, cuyos dueños eran los ahora prófugos Roberto y William Isaías, que viven en Miami protegidos por el gobierno de los Estados Unidos.

Filanbanco es una inmensa mancha oscura en la memoria social del país.

Desde que en 1999 estalló la crisis financiera, decenas de miles de clientes de aquella entidad perdieron todo su dinero.

Estafados por un banco en el que confiaban, con su economía personal y familiar quebradas, a muchos se les deterioró la salud, otros emigraron a Europa y otros murieron por infarto o por graves enfermedades que no pudieron remediarse por falta de dinero.

Quizás, dicen los empleados, esa feroz energía aún recorre los pasillos del edificio.

Quizás, dicen, esa mala vibra, esos llantos y sufrimientos quedaron como ecos y señales para que nada quede impune, para que hasta las paredes y las puertas recuerden el golpe que dio aquella banda de delincuentes de cuello blanco.

Quizás, dicen, son esas almas y espíritus perversos los que todavía deambulan por pasillos y oficinas del antiguo Filanbanco.

Según una placa conmemorativa, fabricada en mármol, la nueva historia del edificio, ubicado en las avenidas Amazonas y Naciones Unidas, empieza el 21 de noviembre de 2002.

Armando Bermeo Castillo presidía la Corte Suprema de Justicia (antes de que se llamara CNJ) y el mandatario Gustavo Noboa firmó el decreto para adquirir el inmueble.

Quince años después, sin embargo, aún quedan huellas de la opulencia, la soberbia, la inmoralidad, el abuso y las excentricidades del par de dueños y de los altos funcionarios de Filanbanco.

En lo más alto del edificio de ocho pisos y tres subsuelos existía un helipuerto, conectado directamente con un ascensor de piso alfombrado, para uso exclusivo de los dueños: el ascensor bajaba directamente a las bóvedas donde guardaban paquetes con cientos de miles de dólares y luego, al subir, dejaba a uno de los dos dueños (que se turnaban) en una sofisticada suite amoblada, con ventanales de vidrios blindados que desde adentro dejaban ver el cielo de Quito, como una lujosa y excéntrica habitación de un hotel cinco estrellas.

Antiguos empleados, que prefieren no identificarse, aseguran que algunas chicas o señoras, seleccionadas previamente por uno de los capos, «subían a la suite como cajeras y bajaban como jefas departamentales» luego de pasar horas en el lugar donde se realizaban orgías, largas borracheras con «invitados especiales» y despedidas con shows nudistas de prostitutas y prostitutos a opulentos ricachos guayaquileños que viajaban a Miami a residir allá hasta que se olvide la crisis.

Era uno de los mitos más divulgados y hay quien dice que se cortaría una mano si estuviera mintiendo.

Pero en la nueva historia existen personajes y escenarios menos desesperanzadores. Empleados y funcionarios de elevados niveles profesionales.

Raúl Paucar, analista uno, es el más nuevo. Tiene 33 años y trabaja en el área de Informática. La más antigua es Ana María Vinueza (57), coordinadora jurídica del juez Jorge Blum.

En la planta baja, junto a un gigantesco y antiguo óleo con marco de madera labrada, que representa el ejercicio de la justicia, funciona el “call center”.

Dos jóvenes indígenas de Saraguro, provincia de Loja, se capacitan para atender llamadas pero, sobre todo, para guiar a los usuarios y ciudadanos interesados en información sobre procesos, salas, juicios, audiencias…

Claudia Quishpe (36 años) y Luiza Gualán (35), ataviadas con sus hermosos e impecables trajes típicos en tonos negros y blancos, eran maestras en su comunidad, pero vinieron a Quito a estudiar Derecho (Claudia) y Administración (Luiza) para volver con más conocimientos a servir a su pueblo.

En el Mezzanine está la Oficialía Mayor. Cada día ingresan decenas de juicios (no hay cifra exacta), se les asigna un número y los voluminosos documentos pasan a la sala de sorteos, donde todo es electrónico y digital, “sin posibilidad de trampa”.

En el Subsuelo 1 está el enigmático archivo general: hay millones de “fojas”, si hablamos en lenguaje jurídico. Juicios históricos como el caso Restrepo (el de más abundante documentación), el de la Mochila Escolar (del expresidente Abdalá Bucaram), el del exministro de Finanzas, Jorge Gallardo…

Se compilan cientos de miles de cintas grabadas, fotografías, recortes de periódicos, grabaciones, casetes, disquetes, CDs, flash memories…

Pruebas y contrapruebas en procesos de divorcios, disputas por herencias o por tierras o por el paso de un río, acusaciones y denuncias laborales, oficios de presidencia, resúmenes de sesiones de los magistrados…

Sobresalen, como ejemplares para no olvidarlos jamás, decenas de enormes libros empastados y escritos a mano: extensos textos de audiencias y sentencias elaborados con aquella caligrafía estética y precisa que salía de hábiles manos y delicadas plumas y tinta negra.

Entre los primeros juicios, de principios del siglo pasado, está el verbal sumario por indemnización de trabajo, seguido por Nataly Coba contra Antonio Chiarello, gerente de la Industrial Cigarrillera y Comercial S.A.

Un asistente de Luis Vivas (67), jefe del archivo, usa la ironía para describir los grandes cambios institucionales:

“Ahora todo es diferente, ordenado, limpio en este edificio. Cada vez se escuchan menos fantasmas, menos pasos, menos casos de misteriosos encendidos de luz».

Mientras me conduce por otros pasillos de su oficina, afirma que ya ni siquiera aparecen ratas, porque lo malo es que todas huyen, aunque los  fantasmas aún se escuchan por ahí.