Ahora el sicariato, los explosivos y los coches bomba están dentro del territorio ecuatoriano. “Colombia, exportador de violencia”, decía el cronista Germán Castro Caycedo. Pero como si esto fuera poco, los carteles mexicanos han entrado con sus prácticas temibles. Tal cual las series de narcos de la plataforma Netflix.

Por Aníbal Fernando Bonilla*

Las muertes en Ecuador ya no son por el COVID-19, sino por la acción de bandas criminales. Hay la impresión de un ambiente de películas del viejo oeste. Actualmente, se asesina a mansalva. No importa que sea niño o anciano. Mujer u hombre. Que un disparo tenga daño colateral. En el bus, en peluquerías, en locales comerciales, en las afueras de los bancos, en el barrio, al interior de las viviendas, en fiestas y hasta en funerales. En la mañana, en la tarde o en la noche. No hay ley ni dios.

Luego de superar lo peor de la pandemia del coronavirus, nuestro país sufre otro embate: la delincuencia organizada. Si en el 2020 los cadáveres yacían en las aceras de Guayaquil como consecuencia del virus mortal, hoy sucede lo mismo pero por efecto de las balas (como mínimo diez muertes diarias, según el portal Primicias). Además de esta ciudad, dicha dinámica sombría se observa de manera paralela en Manta, Portoviejo, Quevedo, Esmeraldas, Machala, Lago Agrio, Ibarra. Tampoco se libra de esta tragedia la capital, Quito.

¿Cuáles son los motivos que desencadenan esta situación? Especialmente, las drogas (aunque hay otras aristas sociales como la minería ilegal, el tráfico de tierras o el femicidio), que incluye la disputa entre agrupaciones como Los Choneros, Lagartos, Chone Killers, Lobos, Tiguerones, Latin Kings, por zonas de expendio. Y otra razón
cardinal: los robos. Por sustraerte el celular te matan. Se dice que son extranjeros, pero lo cierto es que, desde luego, intervienen connacionales.

En el año que transcurre, los crímenes se duplican y hasta triplican en determinadas provincias, comparando con el 2021. Hay llanto en las familias. Pánico en la población. Ineptitud estatal. No es percepción, sino una realidad frecuente. Así lo confirman los noticiarios que abren sus espacios con crónica roja. Las fuerzas policiales se ven diezmadas por su reducida capacidad logística. Ante lo cual, los militares intervienen en operativos como boya de salvación. Sin embargo, el descontrol y la inseguridad campean. Pero aquello no solo se da en lugares públicos, sino también en las cárceles. El infierno total, en concordancia con el testimonio de los presos sobrevivientes.

Matanzas a diestra y siniestra. Decapitaciones. Las cabezas ruedan en los patios como pelotas de fútbol. Piernas, brazos y sueños mutilados. La sangre salpica en la conciencia de los encargados del orden. No cabe duda de que con la vida no se juega. Los videos se reproducen y viralizan por WhatsApp. Imágenes estremecedoras. Los internos suplican compasión.

Queda en segundo plano el vergonzoso hacinamiento. Es flagrante la violación de derechos humanos. Otro drama con sus allegados que exigen la lista de fallecidos. ¿Quién administra los presidios? Se entiende que el Gobierno Central. No obstante, los acontecimientos demuestran lo contrario. Los líderes de las facciones (que tienen armamento sofisticado, servicio de internet, telefonía móvil) manejan pabellones y, lo que es peor, una estructura mafiosa que funciona en el exterior para extorsionar, traficar marihuana y cocaína o acribillar por ajuste de cuentas, en medio de una evidente corrupción en donde están inmersos desde agentes penitenciarios hasta directores.

En las cárceles supura la pus por todas partes. (Alguna vez escuché que las penitenciarías reflejan lo que es la sociedad circundante). Ante ello, a fines del año pasado se declaró el estado de excepción, lo que no evitó nuevas masacres. Cercenamiento de cuerpos en batallas campales.

Volvamos al otro escenario: las calles, en donde igualmente se reprodujo tal declaratoria de suspensión de ciertos derechos en provincias de la Costa, sin efectos contundentes. De niño supe que Colombia soportaba los estragos del narcotráfico. Eran los años ochenta y el terrorismo a gran escala. La triste leyenda de Pablo Escobar y sus lugartenientes.

Algo distante, ciertamente, aunque somos vecinos. Ahora, el sicariato, los explosivos y los coches bomba están dentro del territorio ecuatoriano. “Colombia, exportador de violencia”, como dice Germán Castro Caycedo. Y si esto no fuera poco, los carteles mexicanos con su práctica temible. Tal cual, las series de narcos de la plataforma Netflix.

Retornemos a Guayaquil con datos recientes: un oficial de la Fuerza Aérea es ultimado por no dejarse atracar. Un joven profesional es abaleado frente a su novia en un restaurante. Igual sucede con un abogado y con tres jóvenes en un sector populoso. Se me viene a la mente el cuento “Subasta”, de María Fernanda Ampuero.

En lo que va del 2022 ya se arroja una cifra aproximada de mil quinientos fallecidos. Algo nunca siquiera imaginado en el Ecuador, otrora país reconocido por su tranquilidad.

Realidades que duelen. Que atemorizan. Que desalientan. Que revelan el lado oscuro del ser humano.

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*Aníbal Fernando Bonilla (Otavalo, 1976). Poeta. Licenciado en Comunicación Social. Máster en Literatura Española y Latinoamericana en la UNIR. Columnista de diario El Telégrafo entre 2010 y 2016 y hoy articulista de El Mercurio, de Cuenca. Autor de Gozo de madrugada (2014), Tránsito y fulgor del barro (finalista del Premio Nacional de Poesía Paralelo Cero 2018) e Íntimos fragmentos (2019), así como la recopilación de artículos en ConTextos (2009) y Evocación de la tierra habitada (2011, 2014). Ha participado en eventos literarios y políticos en España, Nicaragua, Argentina, Uruguay, Cuba, Bolivia y Colombia.

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