La situación de violencia criminal y tensión social que se vive en Guayaquil no tiene aún, pese a las recientes declaraciones del Presidente, una visión de esperanza o una luz al final del túnel. Mientras tanto, ¿qué hace la comunicación oficial?

Por Rubén Darío Buitrón*

Hay silencios que son inmorales, como el silencio de las autoridades locales y nacionales frente a la violencia criminal en Guayaquil. Inmorales porque es su deber ético dar la cara a la sociedad, calmarla, sosegarla, decirle lo que quiere oír: que están buscando las maneras más eficaces para terminar con el desangre en el Puerto Principal, un terrible mal que, para desgracia de los habitantes de la ciudad costeña, se ha vuelto cotidiano.

Hay silencios que son inmorales, aunque vengan acompañados de pronunciamientos y declaraciones, porque no sirven, porque son inútiles, porque reflejan el profundo estado de indefensión en el que se encuentra Guayaquil y, por extensión, en el que se encuentra el país. Inmorales porque cuando hablaba la comandante general de la Policía lo único que lograba era desconcertar y confundir.

Inmorales porque cuando habla el gobernador de la provincia lo único que logra es generar estupefacción y desagrado por su falta de conocimiento de cómo se debe administrar una provincia. Inmorales porque cuando hablan los voceros gubernamentales —en los poquísimos momentos en que lo hacen— intentan explicar lo que ya todos sabemos y no van más allá, ni siquiera para trazar un camino hacia la esperanza.

Con cifras no se convence a una población herida, lastimada, ávida de respuestas. Con datos, tampoco: supuestamente, han bajado los niveles de delincuencia si los comparamos con años anteriores. ¿Y? ¿Qué significan esas analogías si todo el país está mirando, todos los días, cómo el sicariato se ha tomado Guayaquil, cómo la Policía llega tarde, cómo las Fuerzas Armadas no intervienen, cómo todas las acciones gubernamentales se realizan después, no antes?

La delincuencia organizada deja en Guayas y Los Ríos —la otra provincia víctima del crimen y de la impotencia oficial— una larga estela de sangre, sufrimiento, dolor e impotencia y nadie de los que están al mando del país sabe qué hacer, qué decir, qué medidas tomar, qué salidas plantear.

El presidente Lasso debería anunciar un paquete de acciones inmediatas, por un lado, y políticas de Estado a mediano y largo plazo, por otro. Pero el mandatario no aprovecha su condición ni su actual nivel de popularidad de más del 54%, lo que significa un capital político que le permitiría ser enérgico y drástico en la toma de decisiones y que no tendría mayor oposición.

El silencio oficial es, además, una demostración de falta de transparencia. Si, como resulta lógico, en Carondelet se está hablando mucho del tema de la violencia criminal y del narcotráfico en Guayaquil, ¿por qué no se le comunica a la sociedad? Y si no encuentran todavía ninguna solución, es obligatorio para el Gobierno generar en todo el país espacios de deliberación y debate para que el problema ya no sea solo del régimen sino de todos los que podemos y debemos aportar en la búsqueda de soluciones.

Lasso tiene el evidente apoyo de los grandes medios de comunicación, pero no lo aprovecha. Poner cuñas publicitarias de su gestión a cambio de ese respaldo es poco significativo, aunque revela que el equipo de comunicación de Carondelet tampoco tiene claro qué hacer, cómo llegar a la gente, cómo decirle que este es un problema de Estado y que, como Estado, todos tenemos el derecho y el deber de aportar con ideas, sugerencias y propuestas.

Es grave que las instancias oficiales no digan nada. Pero es más grave que ni siquiera tengan iniciativas para convocar a la sociedad civil. ¿Para qué está la prensa privada? ¿Para qué están las fundaciones y las Organizaciones No Gubernamentales? ¿Para qué están los estudiosos y los expertos en violentología? ¿Para qué están los expertos en leyes? ¿Para qué están los jueces? El mandatario tendría que incentivar el concurso de estas instancias democráticas para que lo ayuden a consolidar una estrategia global frente al problema.

Si el régimen no puede solo y a eso se debe su silencio (aunque, de ninguna manera, es justificable), debería instalar en el debate público la cuestión de la violencia criminal, el problema en el que el narcotráfico está sumiendo al país, la falta de una eficaz política de control legal y judicial.

Lasso, además, debe analizar la eficacia y los resultados de las acciones que emprenden sus funcionarios: creer que Pablo Arosemena sirve para gobernador de la provincia más compleja del país es un error del que todos nos damos cuenta, menos el primer mandatario.

Estar convencido de que la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, es eficiente resulta otro acto de ceguera presidencial. No sacar las Fuerzas Armadas a las calles para efectos preventivos y de vigilancia es una negligencia, por más que se diga que las actuales leyes no lo permiten: ¿para qué, entonces, están los 50 mil efectivos militares? ¿De qué sirven los soldados metidos en sus cuarteles?

¿Qué lógica tenía mantener en sus funciones a la comandante general de la Policía, quien en apariciones públicas se mostró dubitativa sobre el problema de la violencia, además de que tuvo varios frentes de lucha como el caso de los “narcotraficantes” y los problemas internos en la cúpula institucional?

El trabajo de la comunicación oficial tampoco tiene sentido. ¿De qué sirvió haber nombrado a un vocero que no tiene voz? ¿Cuál es el papel del secretario de la SEGCOM?

Según los expertos brasileños María Aparecida Ferrari y Fabio Franza, la primera tarea de los comunicadores estatales es identificar y definir los públicos a los cuales debe dirigirse el mensaje.

Ferrari y Franza advierten que en una crisis, como la que se está viviendo en nuestro país, lo primero es conocer en profundidad el concepto de público para llegar a este con un discurso convincente que termine con las dudas, las suspicacias, el temor a que ninguna institución del Estado tenga la capacidad de protegernos.

Los expertos aseguran que los ciudadanos deben ser el centro de las preocupaciones mediáticas e informativas de un Gobierno y explican que las redes de audiencias a las que el régimen debe dirigirse tienen que estar definidas con claridad por los operadores de la comunicación. Esas audiencias “están compuestas por personas a quienes tenemos que dirigirnos con el objetivo de informar, persuadir y conquistar. Es necesario -continúan los estudiosos- entender que esas redes no actúan de manera aislada sino en asociación con otras redes en diferentes sectores de la sociedad, del mundo institucional público y privado, del entorno industrial, profesional y organizacional”.

“Pero, advierten, los grupos ciudadanos no son ni homogéneos ni inertes. Interactúan con el Estado, saben lo que este puede aportarles y esperan respeto, consideración y soluciones a sus problemas inmediatos y mediatos”.

Sin embargo, las fórmulas, los consejos y la teoría de nada sirven si persiste la actitud de silenciamiento, de autocensura, de no plantarse frente a la sociedad y decirle que “tenemos este problema y lo vamos a resolver entre todos”.

El silencio es inmoral porque perjudica y siembra incertidumbre entre la gente. El silencio es inmoral porque despierta entre los ciudadanos una potente y grave duda: ¿tiene el Gobierno algún mensaje concreto respecto de lo que está ocurriendo en el país con la violencia criminal, los asesinatos a quemarropa y las acciones del narcotráfico? Parece que no.

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*Rubén Darío Buitrón (Quito, 1966) es director-fundador de los cronistas.net Tiene diez libros publicados, ocho como autor y dos como coautor. Ha ganado dos premios nacionales de periodismo. Dirige el programa La otra mirada, por srradio, y es columnista de la revista digital Plan V.

*Fotografía tomada del diario digital  La República