Por Rubén Darío Buitrón*

¿Cuántos hechos político-delictivos no hubieran salido a la luz si hubiera estado en
vigencia la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que
acaban de aprobar los desprestigiados legisladores a quienes les falta pocos días para
salir de la Asamblea Nacional?

¿Por qué los asambleístas torcieron la idea de convertir en un arma de la lucha
anticorrupción la prevención y el combate al Fortalecimiento contra los Delitos
Informáticos?

Como si algo faltara en el Ecuador para que el poder legislativo saliente, presidido por
un oscuro personaje como César Litardo, se viera en la obligación de salir agachado,
por la puerta de atrás, con un vergonzoso dos por ciento de credibilidad (quizás el más
bajo de la historia legislativa), una mayoría aprobó este jueves 6 de mayo, fecha
nefasta para el país, la Ley de Violencia Digital.

Y, como no podía ser de otra manera, como suelen actuar entre las sombras, lo
hicieron con trampa, sin ninguna vergüenza, pensando solamente en sus intereses
personales y no en los del país: el proyecto fue presentado, inicialmente, con la
finalidad de proteger a las víctimas de violencia sexual en el entorno digital y contra
quienes cometan ciberacoso sexual.

Pero, he ahí la astucia y la oscura manera de manejar los asuntos públicos. A lo largo
del debate y tratamiento del proyecto de ciertos legisladores – producto del miedo a
ser cogidos en falta en irregularidades, negociados e intentos de peculado-, fueron
incluyendo y retorciendo artículos que nada tenían que ver con el espíritu de dichas
reformas y decidieron, sin ninguna vergüenza y con un descaro que el país nunca debe
perdonarles, elementos que, como afirma la organización Fundamedios, implica
espantosas vulneraciones a las libertades y a los derechos en el ciberespacio.

Estos legisladores, vinculados con la corrupción o temerosos de que más temprano o
más tarde se descubran sus delitos contra el Estado, cometen una grave irregularidad
al establecer nuevas proporcionalidades en las penas y al proponer cambios para
facilitar interpretaciones subjetivas de los artículos aprobados.

La Fiscalía General del Estado (FGE) fue la primera en hacer sonar las alarmas sobre lo
que se aprobó. En un comunicado aparecido en redes sociales, la FGE expresó su
preocupación “debido a que, al contener disposiciones reformatorias al COIP,
mermarían las acciones penales que impulsa esta institución y afecta, de forma directa,
la lucha contra el crimen”.

Según explica el documento de la FGE, “dicha ley reforma el artículo 178 y elimina la
excepción de la comisión del delito a la violación de la intimidad cuando un individuo
divulga grabaciones de audio y video en las que interviene personalmente y cuando se
trata de información pública, de acuerdo a lo previsto en la Ley”.

La Fiscalía es muy clara en su cuestionamiento: “Esto, de forma evidente, causa un
efecto negativo en las investigaciones penales que dirige la FGE, tomando en cuenta
que muchas de las evidencias importantes que permiten develar grandes tramas de
corrupción, delincuencia organizada y otros tipos penales, se producen y obtienen
mediante esta clase de excepciones, contempladas actualmente en la norma penal
ecuatoriana”.

En consecuencia -dice la FGE- esta ley elevaría el índice de impunidad, pues dichas
actuaciones se consideran ilegales y, por ende, no podrían ser utilizadas como pruebas
en los juicios penales.

Se trata, por tanto, de un descaro legislativo que no tiene límites: lo que aprobó la
mayoría legislativa saliente es, ni más ni menos, una extrema vulneración de los
derechos de los ciudadanos y de las garantías constitucionales.

Tanto fue ese descaro que en el proyecto de ley aprobaron, inclusive, cambios a los
artículos que se relacionan con el manejo e incautación de contenido digital que, de
ninguna manera, responde a la finalidad original del proyecto.

Lo que indigna, además, es que hayan votado por esos cambios los mismos grupos
políticos que durante años se quejaron de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) y la
calificaban de “ley mordaza”.

¿Cómo van a llamar ahora lo que acaban de aprobar? ¿Qué pretextos argumentarán
para justificar la manera en que han convertido la inmunidad en impunidad? ¿Cómo
ocultarán la verdadera esencia de lo que aprobaron, que no es más que protegerse de
sus complicidades y delitos presentes o futuros?

Organizaciones de derechos humanos y observatorios de la Asamblea Nacional han
advertido que entre los artículos más preocupantes y cuestionados está la pena
privativa de libertad de uno a tres años en casos de violación de la intimidad o cuando
el contenido de carácter personal que sea divulgado sea extraído de alguna plataforma
digital. Una indecorosa manera de decirle al país que ellos son intocables y que ningún
indicio que dejen en el cibespacio pueda ser investigado.

La reforma al artículo 396 añade a esa tipificación que toda persona que por cualquier
medio, inclusive a través de tecnologías de la información y comunicación, profiriera
expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra, tendrá pena privativa de
libertad.

Sin embargo, no es el único artículo cuestionado. Fundamedios ha encontrado
gravísimas restricciones a derechos y libertades fundamentales en los artículos 18,
497, 499.

Estos contenidos vulneran la libertad de expresión (con más severidad, artificios y
vileza que la LOC), “que es un derecho fundamental en una sociedad democrática,

sirve de instrumento invaluable de protección y garantía de los Derechos Humanos, y
que tiene impacto no solamente a nivel individual sino también colectivo.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que el derecho a la libertad de expresión
puede ser sometido a ciertas restricciones que – para ser legítimas— deben cumplir
requisitos del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos.

Pero cuando se trata de contenido digital, dice Fundamedios, resulta imprescindible
evaluar todas las condiciones de legitimidad de las limitaciones del derecho a la
libertad de expresión, a la luz de estas características propias y especiales:

“Una determinada medida restrictiva puede parecer leve si se la estudia solamente
desde la perspectiva de la persona afectada. Sin embargo, la misma medida puede
tener un efecto devastador en el funcionamiento general de internet y, en
consecuencia, en el derecho a la libertad de expresión del conjunto de los usuarios”.

Al evaluar la proporcionalidad de una restricción a la libertad de expresión en internet
-dice Fundamedios- se debe ponderar el impacto que podría tener en la capacidad
digital para garantizar y promover la libertad de expresión.

Pero hay más: la censura (que eso es lo que es este proyecto de ley) expresa todo lo
que guardan los políticos debajo del colchón. ¿Recuerdan cuando Litardo dijo que
había unos 60 legisladores en problemas con la justicia?

El filósofo Karl Popper ironiza esta actitud del poder censor:

“Debo enseñarme a mí mismo a desconfiar de ese peligroso sentimiento o
convencimiento intuitivo de que soy yo quien tiene la razón. Debo desconfiar de este
sentimiento, por poderoso que pudiera ser. De hecho, cuando más poderoso sea, más
debo recelar de él, porque cuanto más poderoso sea, mayor será el peligro de que
pueda engañarme a mí mismo; y, con ello, el peligro de que pueda convertirme en un
fanático intolerante”.

El destino de esta trasnochada reforma está ahora en manos del presidente Lenín
Moreno. Todo depende de su sensibilidad frente a una ley mordaza que resta derechos
a ciudadanos, medios y sociedad y trata de poner obstáculos a los instrumentos de
investigación civil y penal.

Moreno haría olvidar tantos errores y omisiones cometidos en sus cuatro años en el
poder y atenuaría su bajísima credibilidad si veta esta ley y rinde homenaje a quienes
buscan una patria donde la transparencia y la ética sean las columnas que soporten
una democracia en construcción, no un Estado represivo, cómplice y encubridor.

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* Rubén Darío Buitrón (Quito) es poeta, narrador y periodista. Ha escrito diez libros sobre distintos géneros y tiene en preparación dos más. Integra el libro digital «Antología del confinamiento», publicado por Paralelo Cero. Ha ganado premios nacionales de periodismo y de cuento. En la cadena SRRadio mantiene el programa “La otra mirada” y escribe para la revista digital Plan V. Es el director-fundador del portal loscronistas.net