«La guerra actual destruye nuestras principales instituciones jurídicas, que son las vigas sobre las que descansa la existencia diaria. Los órganos encargados de las principales funciones del Estado, como la Asamblea Nacional, la Presidencia del Gobierno, la Función Judicial, los Consejos de Administración y Vigilancia, los Consejos Cantonales y Provinciales están despojados ya de la respetabilidad y majestad que les eran inherentes. Si no las recuperamos y precautelamos su legalidad, idoneidad y honradez, nuestra vida como sociedad será impracticable».

Por Mario Campaña*       

El estado de guerra no declarada que vive el Ecuador amenaza la existencia misma del país. Las justas y urgentes demandas de los ecuatorianos, como la erradicación de la violencia (la del sicariato, en primer lugar, pero también la que se ejerce sobre la mujer y las minorías, como las raciales, las sociales y sexuales) y la protección de los derechos fundamentales, como el de la salud, la seguridad, la igualdad y la justicia, son y serán supremos. Sin embargo, el contexto de nuestras vidas, los índices de criminalidad y el comportamiento frecuentemente delictivo de los representantes políticos y de algunos altos funcionarios públicos nos lleva a la conclusión y la convicción de que la primera de todas las exigencias que hoy por hoy los ciudadanos debemos hacer a los partidos políticos es esta: 

Un compromiso explícito, formal, irrestricto e irrevocable con la legalidad del país. 

Las trágicas circunstancias que vivimos hacen que la tarea más urgente sea salvaguardar la existencia misma del Ecuador y el más elemental sentido político y democrático cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley. Los ciudadanos ecuatorianos exigimos de los partidos políticos una radical rectificación y el abandono de todo tipo de prácticas y conductas execrables, por violatorias de la ley y de elementales principios éticos.  

Esto puede parecer de Perogrullo, pero no lo es. El Ecuador no carece de leyes que hagan posible la vida democrática. Carece de sentido moral y legal en su sistema político. Las estadísticas de criminalidad son tan escandalosas y la implicación en estas de los representantes políticos es tan manifiesta que para la mera sobrevivencia es indispensable un acuerdo nacional para fortalecer el estado de derecho y garantizar la preeminencia y precedencia de la ley en todo momento y circunstancias.

La guerra actual destruye nuestras principales instituciones jurídicas, que son las vigas sobre las que descansa la existencia diaria. Los órganos encargados de las principales funciones del Estado, como la Asamblea Nacional, la Presidencia del Gobierno, la Función Judicial, los Consejos de Administración y Vigilancia, los Consejos Cantonales y Provinciales están despojados ya de la respetabilidad y majestad que les eran inherentes. Si no las recuperamos y precautelamos su legalidad, idoneidad y honradez, nuestra vida como sociedad será impracticable.

El compromiso con la legalidad que los ecuatorianos exigimos se debería cumplir al menos en la suscripción radical y genuina de los siguientes principios:    

1. Que el partido triunfador no designe para funciones públicas del Ejecutivo, Legislativo, Judicial y órganos de control, a ninguna persona encausada o condenada civil o penalmente;
2. Que ningún partido proteja con sus poderes o el poder de los organismos del Estado a ninguna persona acusada, encausada o condenada civil o penalmente;
3. Que ningún partido irrespete, por acción u omisión al Estado de derecho, sino que, al contrario, exija la prevalencia de la ley, antes que la voluntad individual o grupal;
4. Como consecuencia de los numerales  anteriores, que ningún partido participe en acciones u omisiones contrarias a la ley. 

Llamamos a todos los sectores sociales, a todas las instituciones, cuerpos colegiados, personalidades públicas y a todos los grupos e individuos del país, a demandar el cumplimiento de este compromiso a todos los partidos políticos. 

Destacamos, además, ante los partidos, como guía de gobierno, la necesidad de actuar contra:

1. La cultura de la violencia física, psíquica y moral en que se encuentra sumido el país, de la que son víctimas personas de todos los géneros y edades, pero que afecta más gravemente a las mujeres;
2. La cultura de la dominación masculina, en sus múltiples formas, algunas atroces, como la que culmina con el crimen de mujeres y niños;
3. Las diferentes formas de segregación, racial, cultural, social, económica, sexual y de cualquier otro tipo, en particular con relación a afrodescendientes, indígenas andinos, costeños y amazónicos, personas LGTB y aquellas con tipos y grados diversos de discapacidad; 
4.  Los comportamientos que consideran la ley y la norma como expresión improvisada de la voluntad individual, la del más fuerte, no como producto de un consenso nacional. Una minuciosa y rigurosa implantación del Estado de Derecho es indispensable. 

Firmo este manifiesto con mi nombre propio, pero se ha de saber que su contenido ha sido ampliamente discutido y aprobado por profesionales de diversas ramas, profesores universitarios, intelectuales, ciudadanos y ciudadanos genuinamente preocupados por el futuro del país.

La vigencia del Estado de derecho y la primacía de la ley representan ahora mismo la voluntad de vivir en paz de los ecuatorianos. El grado cero de la vida en una comunidad que podamos llamar nuestra, por debajo del cual será vano todo intento y todo esfuerzo individual y social. 

Mario Campaña

Junio de 2023

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*El autor de este manifiesto es poeta, docente y pensador ecuatoriano, residente en España, pero, siempre, como corresponde a un intelectual preocupado por los problemas más acuciantes de la nación, pendiente del presente y el futuro de nuestro país. Los miembros de la comunidad de loscronistas suscribimos plenamente este manifiesto. (Nota del Director)