Por Rubén Darío Buitrón*

Cuando una manada de hienas mojigatas se lanza a morder la yugular política de la alcaldesa de

Guayaquil, Cynthia Viteri, me pregunto si, por ejemplo, alguien ha hurgado de la misma manera en

la vida personal del alcalde de Quito, Jorge Yunda, quien está procesado por la justicia debido a

presunciones de peculado.

¿Yunda es casado o divorciado? ¿Dónde vive? ¿Por qué jamás se lo ve acompañado de una mujer o

una esposa? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Por qué le puso a su hermana en el cargo que, en circunstancias

normales, le pertenecería a la esposa del burgomaestre? ¿Quién es la madre de Sebastián, el hijo del

alcalde que horas antes de que fuera llamado por las autoridades escapó a Panamá? ¿Por qué

permitió que su hijo huyera si, como dice el alcalde, él y su hijo tienen “las manos

limpias”?

Tantas preguntas confusas, desordenadas y, quizás, mezcladas a propósito para otro escándalo

político: atacar la vida personal y la carrera política de la Alcaldesa de Guayaquil. Está claro el

machismo, en el un caso, y el linchamiento, en el otro.

A esta explosión de mojigatería e hipocresía, especialmente ocurrida en la capital del Guayas y en el

fortín del rumor, el cantón Samborondón, se le llama moralina.

Según los diccionarios, es un conjunto de costumbres y normas para juzgar de manera mezquina,

superficial o falsa el comportamiento humano, pero no la conducta propia sino la ajena.

Se trata de una actitud impostada o trivial para esconder otro tipo de problemas o para evitar que le

juzguen al que señala a los demás con un dedo y es un acatamiento falso o exagerado de los

principios de la moral.

Puede afirmarse -insisten los diccionarios- que la moralina apela a ciertas normas para realizar

un juicio superficial o mezquino de una conducta humana. Pretende ser una enseñanza o

predicamento, pero carece de profundidad y resulta inoportuna.

A través de la mojigatería se postula una especie de defensa de la moral, pero en realidad se trata de

una intención fingida o superficial. En la práctica, el sujeto no está convencido de lo que dice o

hace, o incluso puede realizar lo contrario para dañar la reputación, la dignidad y el honor de la

persona azotada por el látigo del chisme y el fusilamiento verbal.

Cynthia Viteri puede ser señalada por los presuntos errores que ha cometido, desde los gastos

onerosos en pintar con poemas los muros de Guayaquil sin compensar a los autores (lo que puede

caer en la figura del plagio, apropiación indebida de la producción intelectual o peculado),

contratar un troll center que, además de costoso, lo maneja uno de los alfiles correístas en el Puerto

Principal o dilapidar con excesiva generosidad el dinero del cabildo en barrer y trapear la zona

patrimonial de la ciudad.

Pero Viteri no puede ni debe -porque nadie tiene derecho a hacerlo- ser juzgada por sus hábitos y

su conducta individual, por sus lealtades, intereses, gustos o creencias en asuntos religiosos,

deportivos, personales, domésticos, familiares, sentimentales o de imagen (¿a quién le importa que

muestre sus tatuajes en distintas partes del cuerpo, que cambie de look con frecuencia, que vista a

su gusto o, incluso, que -quizás por el consejo de un equívoco o malintencionado equipo de

comunicación- tropiece con su buena intención de pintar de poesía a la ciudad?).

Otra cosa fuera si existieran indicios de robo, irregularidades, malos manejos del presupuesto

municipal o contratos a dedo. Sería un tema de interés general.

En estos casos, los ciudadanos, como la fuente esencial de aportes económicos, cívicos y sociales

para el desarrollo de la urbe y como electores de su máxima autoridad, tendrían todas las

atribuciones para exigir que la alcaldesa rinda cuentas y explique el manejo financiero municipal y

le critique por contratos y gastos excesivos no prioritarios justamente cuando la voraz pandemia del

Covid-19 demanda grandes inversiones en comprar vacunas para toda la población, en mejorar la

situación de los hospitales, en dotarles de insumos, fármacos e instrumentos y en preocuparse de

quienes desde la atención médica están en primera línea combatiendo el virus pese al grave riesgo

que corren sus vidas.

Lo que ha ocurrido con la alcaldesa Viteri es grave en función del nivel al que se puede llegar en

contra de un funcionario, un nivel que va desde lo público hasta lo personal.

Una manera de analizar y ver la realidad así no solamente perjudica al político cuestionado sino a la

sociedad en su conjunto, que empieza a desconfiar de sí misma, a dudar del funcionamiento eficaz

de la democracia, a sospechar del sistema, a ser suspicaz en relación con las decisiones y apoyos

que toma en términos electorales y en relación con la convivencia entre el poder político y los

ciudadanos.

En su libro “Política y medios”, la periodista argentina María Cristina Menéndez afirma que “en el

plano de la práctica, en la política-escándalo se registran problemas como la desideologización

del discurso político, su transformación pragmática y la personalización de la política en la lucha

por el poder, que apunta a trasladar y ganar adhesiones”.

Menéndez cita al comunicólogo español Manuel Castells para reafirmar su tesis: “La política de los

escándalos es el arma elegida para luchar y competir en la política informacional. La política se

ha encerrado en el campo de la comunicación de masas. Los medios se han vuelto más poderosos

que nunca porque su alcance global y sus interconexiones les permiten escapar de los controles

políticos estrictos”.

Si a eso sumamos la extrema facilidad con la que las redes sociales llegan a la sociedad con rumores

y no con certezas, con dardos envenenados y no con el resultado de investigaciones serias y

contundentes, el resultado de lo que los medios no dicen, pero insinúan, y lo que las redes dicen,

aunque no tengan pruebas, es el caos informativo que se apodera de los ciudadanos y la

credibilidad e integridad de las autoridades, que entran en una crisis profunda difícil de revertir.

Es lo que olvidan los líderes. Como dice Menéndez: “Ningún poder ni prestigio es

definitivo sino que se revalida diariamente”.

En Instagram se puede ver ahora cómo el equipo de Cynthia Viteri trata de salvar su reputación y,

talvez, sus conflictos personales derivados de una gestión administrativa cuestionada, con nuevos

spots en los que ella se desnaturaliza: deja a un lado su imagen fresca, juvenil y atractiva y se

convierte en una típica alcaldesa que hace lo que todos sus colegas realizan en su trabajo al frente

de los municipios del país.

¿A qué se debe ese giro brusco? No tanto a que el Partido Socialcristiano (PSC) esté pensando en la

manera de salvar y generar olvidos sobre toda la avalancha que se le vino a la alcaldesa, sino a que,

detrás de este cambio obligado de la personalidad de la alcaldesa está el interés prioritario de

mantener el control político de la ciudad que desde 1992 está al mando del PSC, primero con León

Febres Cordero, luego con Jaime Nebot y ahora con Viteri.

En dos años más habrá elecciones seccionales y hasta tanto al PSC y a Viteri les urge posicionar de

nuevo su simbología de representantes genuinos de la ciudad, porque si el PSC pierde las elecciones

municipales se quedará sin el control de Guayaquil, su mayor bastión electoral en el país.

Por ahora, Viteri denuncia una presunta “campaña de desprestigio” e informa que ha realizado

“cambios drásticos en el área de comunicación del Cabildo”.

Pero en ese punto se confunde. Si hay una “campaña de desprestigio” lo lógico sería reforzar el área

de comunicación, a menos que dentro de la misma área se haya descubierto la estrategia del ataque

personal a la alcaldesa.

Por el lado de los periodistas, como decía el maestro Javier Darío Restrepo, “habría

que preguntar sobre la utilidad social de lo que se informa (…). La gran prioridad es

publicar la información que sirva a los intereses de la sociedad, no a la curiosidad

morbosa de los lectores”.

Así que a Viteri y a los dirigentes del PSC les urge despejar las espesas nubes de la moralina

y la mojigatería. A la Fiscalía, investigar a fondo los supuestos peculados. Y a los periodistas que

han denunciado supuestas irregularidades les corresponde reafirmar con investigaciones

contundentes sus importantes denuncias.

Al final, la única que debe ganar esta batalla es la ciudad.

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