Mi nombre es Gisella*, soy divorciada, cabeza de hogar y tengo a mi cargo la crianza de mi hijo.

Narro esta historia con el vivo dolor de haber confiado mis ahorros y los de mi madre a PROINCO, lo que sin duda ha sido una de las vivencias más difíciles de mi vida luego de la muerte de mi padre porque me fueron arrebatados los ahorros de toda una vida de trabajo. He laborado desde muy joven y siempre tenido la convicción de que con esfuerzo y ahorro una persona puede salir adelante en la vida y forjarse un futuro.

Mi relación con Proinco Financiera empezó en el año 2010. Por recomendación de Paola Aguirre, mi compañera de colegio, deposité el dinero en PROINCO en razón de haberme ofrecido una mejor tasa de interés, siendo precisa, dos puntos más en relación al Banco en el que tenía el dinero.

Me manifestó además que sin inconveniente podría captarme el dinero cada mes y entregarme el certificado de depósito en casa o en mi trabajo. Dadas las facilidades, acepté. Cada mes o cada dos meses incrementaba el capital depositando algo de lo que me quedaba del sueldo.

Luego de algún tiempo mi madre y yo decidimos juntar capitales en un  certificado de depósito a plazo fijo, todo marchaba bien hasta abril del año 2015, en el que Paola Aguirre me indica por seguridad y garantía era necesario que  el dinero pasara a empresas del grupo PROINCO, lo que me causó desconfianza y decidí pedirle la devolución del dinero sin respuesta de su parte.

A pesar de no haber dado mi consentimiento para las renovaciones de los certificados de depósito, estos se realizaron y decidí acudir a las oficinas de PROINCO solicitando nuevamente el dinero de los depósitos, pero me  contestaron que era imposible porque ya estaban realizadas las renovaciones y se debía esperar el plazo de vencimiento, asegurándome en todo momento que todo estaba bien y que PROINCO seguía siendo la entidad sólida y confiable de hace años atrás.

En 2016, tras el apresamiento de Ribadeneira y su posterior sentencia de 13 años de prisión y reparación integral, las víctimas hemos vivido un calvario sin fin, hemos sido abandonadas por las autoridades, quienes han relegado nuestro caso por 4 años. Son 100 millones de dólares los que Santiago Ribadeneira  y otros,  a través de tres empresas vinculadas Maktrade, Minga Corp y Encaisser captaron a 1.400 familias que confiamos nuestro dinero, fruto del trabajo de toda una vida,  las jubilaciones, la venta de propiedades, los ahorros etc., a una entidad que tenía prestigio. Pero se ocultó el verdadero negocio y todos fuimos estafados a nombre de PROINCO Sociedad Financiera.  

Hemos luchado para que nos ayuden a encontrar los 100 millones de dólares porque tanto dinero no desaparece así, de la nada, hemos golpeado puertas y conciencias con la esperanza de ser escuchados. Todos los perjudicados somos víctimas de un engaño planificado a detalle y, lo que es peor, a vista y paciencia de entidades del Estado ecuatoriano.

En mi familia hay dos personas más, afectadas por esta estafa: mi hermana, quien había destinado el capital para  iniciar un proyecto relacionado con su profesión y también la persona que nos ha cuidado desde niñas, quien padece una grave enfermedad llamada acromegalia, necesita medicación y una urgente operación que no puede realizarse en el IESS debido a la pandemia. Como esta, hay muchas historias de enfermedades catastróficas entre las víctimas.

El 70 % de los perjudicados son de la tercera edad, algunos compañeros han fallecido y hay personas de escasos recursos que no tienen para tratamientos médicos, medicinas, etcétera, entre ellas campesinos que tenían ese dinero ahorrado para su subsistencia. Hay gente que, sin duda, está viviendo en situaciones deplorables.

Es inadmisible que aparte de todo este trago amargo que soportamos diariamente  tengamos que lidiar con una campaña de desinformación de Ribadeneira desde la cárcel, lo que ha causado preocupación en las víctimas, sus familias y sociedad por la difusión de vídeos y comunicados en redes sociales solicitando al presidente el “indulto humanitario”, por lo que nos hemos vistos obligados a contrarrestar el acoso mediante una campaña en medios iniciada en septiembre denominada “ No al indulto para Ribadeneira y SI a la Reparación Integral para las Víctimas “, que ha permitido a la opinión pública informarse respecto al caso y solicitar soluciones urgentes al Gobierno Central, Asamblea Nacional, Defensoría del Pueblo y demás  entidades  relacionadas con nuestro caso.

Mediante la campaña se ha pedido también pronunciamientos a la Superintendencia de Bancos y Superintendencia de Compañías a efectos de determinar avances y esclarecer su gestión en procesos tales como: informes relacionados con la  liquidación de PROINCO y sus empresas vinculadas y proceso referente al pago del COSEDE a todas las víctimas, derecho que nos asiste al haber sido reconocida PROINCO como sociedad financiera. También se han reanudado gestiones con la Asamblea Nacional y se ha exhortado a entidades como la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para que concluyan su informe respecto a la ruta del dinero y a la Defensoría del Pueblo para que cumpla su rol de proteger a los sectores vulnerables del país.

Así también, esta herramienta de difusión nacional  ha fomentado en este  último trimestre el invaluable apoyo de Raúl Tello, presidente de la Comisión de Participación Social y Ciudadana, y la gestión de importantes organismos internacionales como la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos (CIDH).  A través de este embate virtual obtuvimos un respaldo de cerca de 4.000 adhesiones a la causa, respaldo de colectivos humanitarios y de la población del país para que se escuche la voz de las víctimas.

Existe vulneración de derechos a las víctimas por parte del Estado ecuatoriano, dado que las entidades obligadas a precautelar los depósitos de los perjudicados antes del impasse no impidieron la captación de dinero a pesar de la prohibición y en la actualidad, al estar encargadas de gestionar la Reparación Integral dictaminada, poco o nada han hecho por la devolución del dinero.

Apelamos al espíritu de solidaridad responsabilidad y transparencia jurídica del Estado ecuatoriano y de los organismos nacionales e internacionales para que prevalezca  la justicia y el respeto por la dignidad humana. Priorizar este caso es imperativo, hay situaciones calamitosas entre los afectados.

Con impotencia y dolor expresamos que algunas autoridades cuyos roles están anclados a la solución de este problema, han hecho caso omiso al justo reclamo de sectores vulnerables y prioritarios del país.

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*Gisella pertenece al grupo de estafados por PROINCO. Por su seguridad prefiere omitir el apellido.